Anaëlle TOUTOUNJI

Traducción y edición en español de Avril Eliosa Minor y Astrid Vanesa Correa Rocha

Los actores humanitarios trabajan desde siempre en contextos complejos e inestables, y en los años 80 estaban principalmente desplegados en campos de refugiados (para ayudar a los refugiados de Mozambique en Malawi). Hasta los años 90, trabajaban en la periferia de los conflictos y se mantenían “al margen” de las zonas de extrema violencia donde ocurrían los enfrentamientos. Sin embargo, desde finales de la Guerra Fría, las operaciones de asistencia se llevan a cabo en el corazón de las zonas de guerra debido a la extensión de los conflictos, a la implicación de nuevos actores (beligerantes, grupos armados, fuerzas extranjeras, operaciones para mantener la paz, etc.) y al aumento de las necesidades de los más vulnerables. De esta manera, los miembros de las organizaciones humanitarias se despliegan en el centro de los conflictos con el objetivo de estar lo más cerca posible de los beneficiaros y por tanto, se encuentran más expuestos a los riesgos. Además, desde los años 90 habría un aumento de ataques y secuestros contra el personal humanitario y un ambiente de creciente inseguridad.

Los medios de comunicación y artículos que difunden los hechos violentos cometidos contra los trabajadores humanitarios sugieren con frecuencia que hay un constante aumento desde hace una veintena de años y que dependiendo de su estatus se convierten deliberadamente en objetivos. Esta tendencia también se refleja en estadísticas y bases de datos, como el Aid Worker Security Database (AWSD) quien en lista los incidentes mayores (secuestro, violencias sexuales, asesinato, etc.) y los ataques contra los trabajadores humanitarios nacionales y expatriados, de ONG nacionales e internacionales, y de otros organismos como el CICR o el personal de Naciones Unidas, en muchas regiones del mundo, e incluso contra la ONG internacional Safety Organisation (INSO). Las fuentes evidencian tres tipos de violencia cometidas contra el personal humanitario: criminales, políticas y terroristas. La violencia criminal se trata de actos de bandidaje, por motivos considerados “crapulosos” que orquestan grupos criminales para solicitar rescates, y con quien puede ser difícil negociar o comunicarse. La violencia política puede venir de GANE (Grupos Armados No Estatales) quienes se oponen al Estado bajo su ideología política o religiosa, o de las fuerzas armadas de un Estado. Finalmente, los grupos armados cometen violencia terrorista con la que reivindican su doctrina, como el Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL) que secuestra y protagoniza en videos, decapitaciones de rehenes para intimidar a sus oponentes.

Convendría precisar que la primera causa de inseguridad y donde los miembros de una organización humanitaria son los más vulnerables, son los desplazamientos automovilísticos. ya que existe una creciente presencia de grupos armados y criminales en los puestos de control, en moto y armados, y que bloquean las autopistas. De igual manera, la presencia de minas y de artefactos explosivos improvisados (IED) incrementa la exposición al peligro.

Respecto a la violencia cometida surge una pregunta: ¿Están identificadas, son intencionales o colaterales? Causas y desafíos pueden indicar una violencia dirigida contra la idea que gira alrededor del estatus de trabajador humanitario. Primero, habría una politización de la ayuda y del espacio humanitario, así como una confusión entre las diferentes partes interesadas en la práctica. La “politización” de lo humanitario está definida por Benoît Coutu como “la estiba de la acción humanitaria de decisiones o de acciones etáticas de naturalezas diferentes. Más ampliamente, la politización de lo humanitario es sinónimo del reconocimiento de este actor no estatal como mediación estructural, de su institucionalización y de su integración […]”. En esta definición sobre entiende que paradójicamente, los empleados de las ONG efectúan un trabajo que completaría el del Estado y que se inscribiría en una continuidad lógica de despliegue de la ayuda estatal. La politización de lo humanitario significaría por tanto, una asimilación e integración de los actores humanitarios en las decisiones y acciones estatales, al poner en duda los principios de neutralidad y de independencia preconizados desde la creación de las ONG surgidas del movimiento sin fronteras francés a finales de los años 70. Los años 90 y la caída de la URSS están marcados por una escalada de violencias que ha generado crisis de gran magnitud y el surgimiento de políticas intervencionistas occidentales. Lo Estados occidentales, como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, así como Naciones Unidas, intervinieron en los países en crisis y aportaron una respuesta política que
“buscó vincular respuestas militares e instrumentos no militares como el comercio, la asistencia para el desarrollo y la diplomacia particularmente respecto a los países en vías de desarrollo”. La misiones humanitarias eran utilizadas, en ese periodo, para reducir, e incluso legitimar, los efectos de las injerencias político-militares de sus intervenciones.

El ejemplo de la guerra de Irak (2003) ilustra bien la idea sobre la confusión de roles de diferentes actores desplegados que llevó a percibir interdependencia de los sectores político-militares e humanitarios, y por tanto, llevó también a la posibilidad de acciones violenctas contra los actores humanitarios. Después de la ocupación estadounidense en Irak la coalición dirigida por Estados Unidos incluyó acciones militares y a la vez humanitarias en el territorio, y Colin Powell, entonces Secretario Estado, calificó a las ONG norteamericanas como “agentes de la política extranjera norteamericana; esto fragmentó los principios de neutralidad que caracteriza una gran parte de las ONG. Además, las operaciones para mantener la paz que llevaron a cabo la ONU y la OTAN, siempre en Irak, también fueron asimiladas con la ayuda humanitaria que recibió de fondos que al mismo tiempo le otorgó la ONU para proyectos humanitarios. Estas ambigüedades de grandes consecuencias, ¿serían el origen del dramático atentado del 19 de agosto de 2003 en Bagdad que dejó 27 muertos y 426 heridos del personal de la ONU; del atentado perpetrado contra el CICR en Bagdad el 27 de octubre de 2003 o bien del asesinato de un empleado del CICR el 22 de Julio de 2003?

Convendría precisar también que los riesgos y daños de la politización de la ayuda humanitaria se reflejan por medio de los secuestros y decapitaciones que el EIIL realizó en Siria, entre 2013 y 2014, contra muchos periodistas y actores humanitarios, entre los cuales se encuentra David Haines, empleado británico de la ONG ACTED, y Alan Henning, empleado de una ONG musulmana que acudió a Siria para ayudar a los refugiados. El EIIL justificó esas decapitaciones diciendo que eran “represalias“ por la intervención militar de la coalición internacional en Irak y en Siria. Por tanto, las personas que vienen de Occidente a esas zonas de guerra están muy expuestas a ser raptadas y asesinadas por grupos armados antioccidentales que desean intimidar y amenazar a los gobiernos implicados en la coalición internacional, entre los que se encuentra Francia. Los trabajadores humanitarios desplazados al centro mismo de los conflictos y en zonas que esos grupos ocupan son particularmente vulnerables y pueden constituir blancos.

El segundo factor que puede influir en la seguridad de los miembros de una organización humanitaria aumenta desde hace 20 años y se trata del surgimiento de los nuevos protagonistas como lo son los operadores privados, las empresas militares privadas (SMP), los gestores independientes de seguridad, los civil-militares, etc. Este aumento de actores dificulta a los pobladores locales diferenciar a qué interlocutor pueden dirigirse o en quién pueden confiar, lo cual promueve un clima de desconfianza e incluso a veces que se rechace la ayuda y se provoque violencia.

La politización de la ayuda, la multiplicación de los actores y la confusión de los roles de cada uno en el campo parecen traer problemas de neutralidad y de independencia para las ONG y los actores humanitarios que pueden por tanto, ser asimilados por error a gobiernos occidentales y a sus políticas controvertidas o a las fuerzas armadas “enemigas” de algunos Grupos Armados No Estatales (GANE) y a organizaciones terroristas con valores antidemocráticos y antioccidentales, como el EIIL o el Boko Haram. Los trabajadores humanitarios se encuentran en zonas de conflictos armados, y son controlados por grupos que, al ejercer violencia contra ellos, tienen la sensación de estar combatiendo a los Estados occidentales. Se trata de un camino que apoya la Directora jurídica internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF) François Bouchet–Saulnier, quien al respecto ha declarado: “A diferencia de ciertos discursos simplificadores, MSF considera que los ataques contra los trabajadores humanitarios no se relacionan con la ausencia de sanciones, sino con una pérdida real de legitimidad y neutralidad de los actores humanitarios en los conflictos armados en donde están implicados grupos armados no estatales considerados criminales o terroristas[…] los actores no estatales perciben a los actores de asistencia como el brazo armado de los Estados, lejos de la imagen del actor humanitario, neutro e imparcial.”

En tercer lugar, desde hace algunos años existe un proceso de criminalización de las ONG debido a la negociación con grupos armados y terroristas que podrían representar un peligro para los trabajadores humanitarios. Entre los años de 2009 y 2011, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá elaboraron leyes antiterroristas que criminalizan a cualquier persona o grupo que dialogue y negocie con grupos considerados como terroristas por los Estados, con los talibanes en Afganistán, por ejemplo, o bien con el grupo al-Shebab en Somalia. La acción humanitaria no está exenta de sanciones en caso de no respetar esas leyes antiterroristas y cualquier ONG que intervenga en las zonas bajo la autoridad de esos grupos estará sujeta a persecuciones y condenas. Por ejemplo, algunas ONG están en contacto con Hamas en la franja de Gaza o con los talibanes en Afganistán y se arriesgan a ser acusadas de complicidad por terrorismo. Esta asimilación representa un gran riesgo e incluso, un gran peligro para los trabajadores humanitarios, ya que se les confiere una “etiqueta” de apoyo al terrorismo. Sin embargo, las ONG a veces están obligadas a dialogar y negociar con los grupos armados y terroristas para acceder a zonas que controlan para poder ayudar a comunidades que lo necesitan. Esto no se relaciona con el apoyo o el financiamiento de grupos terroristas, más bien con la esencia misma de la acción humanitaria que consiste en ayudar a toda la población debilitada por un conflicto y aplicar los principios de humanidad, de neutralidad (no tomar parte) de imparcialidad (intervención justificada por la necesidad y no por un interés) y la independencia (no depende de ninguna identidad política o religiosa) . El diálogo y la negociación son posibles en ciertos grupos, como los grupos políticos, algunas ramas de Al Qaeda y de los talibanes. A la fecha, ninguna ONG puede cooperar con Daech.

El cuarto y último desafío que puede explicar un cierto carácter enfocado en los actos violentos cometidos contra los trabajadores humanitarios, no constituye una generalidad y no se ha podido demostrarse en todos los contextos donde intervienen trabajadores humanitarios. Se trata de la negativa de ciertos proyectos humanitarios implementados por las ONG y cuyos principios se perciben como contrarios a ciertos códigos sociales, éticos o religiosos propios de las comunidades. Proyectos que pueden ser considerados como borderline (fronterizos) por los pobladores locales y los GANE, lo que podría aumentar el riesgo de ataques dirigidos. Esta reflexión en específico puede hacer que se piense en los proyectos de educación sexual, sobre el embarazo, los métodos anticonceptivos, etc. que han implementado las mujeres que viven en sociedades aún muy patriarcales, donde el lugar de la mujer es poco reconocido y valorado. En algunos países, esos temas son tabú, prohibidos e incluso, son a veces vectores de violencias contra la mujer. Siguiendo esta lógica, trabajadores humanitarios que coordinan ese tipo de proyectos podrían ser un blanco para movimientos y grupos rebeldes que consideren que los trabajadores humanitarios intentan imponer sus propios principios y códigos traídos de Occidente, y por tanto, que son contrarios e incompatibles con su ideología. Con la finalidad de respaldar esta pista, tomemos como un ejemplo significativo la expulsión de una treintena de ONG en Afganistán en julio de 1998. Aun cuando las ONG denunciaron la discriminación sexual, y sobre todo la prohibición impuesta de los talibanes hacia las mujeres afganas para estudiar o trabajar, éstos les ordenaron a los trabajadores de las ONG mudarse de sus oficinas e instalarse en la Escuela Politécnica de Kabul, un lugar sin agua ni electricidad, lejos de las poblaciones que iban a ayudar. No fue por las condiciones de vida del lugar, sino por la lejanía que tenían de los beneficiarios, junto con la necesidad de su libertad de acción lo que hizo que las ONG rechazaran ese traslado que los talibanes les impusieron.

La consecuencia fue definitiva: las ONG entre las que se encontraban Acción

Contra el Hambre y Solidaridad Internacional fueron expulsadas en su mayoría por talibanes y sin violencia. Este ejemplo demuestra claramente la reticencia y el rechazo de ciertos grupos a aceptar que las ONG denuncien injusticias (en su opinión) o que lleven a cabo proyectos contrarios a su ideología y principios.

Los desafíos respecto a la politización de la ayuda y del espacio humanitario, con la cierta pérdida de neutralidad y de independencia, con el aumento de actores y confusión de los roles, con cierto rechazo del modelo occidental y proyectos cuyos principios pueden percibirse como contrarios a los códigos de conducta de ciertas sociedades o grupos armados, podrían traer consecuencias dramáticas para los trabajadores humanitarios y conducir a violencias dirigidas. De manera que no es tanto el estatus del trabajador humanitario lo que está deliberadamente señalado como tal, sino la representación que gira en torno a ese estatus y todo lo que implica en los diferentes campos de intervención. Esta representación está muy influenciada y condicionada por los problemas antes enlistados, la seguridad de los trabajadores humanitarios está cada vez más frágil, principalmente en las zonas de conflictos armados en donde se mezclan rivalidades políticas y étnicas, intereses económicos (avaricia por los recursos naturales), presencia de GANE y organizaciones terroristas y terrenos de conflicto entre grandes potencias.

Sin embargo, conviene matizar ese punto y tomar en cuenta otros factores extrínsecos a lo humanitario que puedan explicar casos de violencia hacia las ONG. En primer lugar, más allá de la violencias cometida contra los trabajadores humanitarios, hay que constatar que hay un aumento de violencias en general en el mundo, hacia extranjeros y expatriados, occidentales o no, sea cual sea su estatus o motivo de intervención en ciertas zonas. Efectivamente, el final de la Guerra Fría provocó un cambio profundo de los contextos geopolíticos, debido a la visión bilateral del mundo (rivalidad Estados Unidos y URSS) y al surgimiento de nuevas dinámicas y reivindicaciones nacionalistas que conducen a un aumento de crisis, terrenos de conflicto y amenazas. Tal como se mencionó anteriormente, la violencia es más difusa, más allá de las fronteras, y más duradera. Debido a la mundialización y al aumento de los intercambios comerciales entre naciones y compañías internacionales, los hombres se desplazan y son cada vez más los que van a trabajar al extranjero. De esta manera, con el constante crecimiento de los conflictos y amenazas, y la exposición al peligro de los expatriados en las zonas de llegada, la violencia que se ejerce y los secuestros son lógicamente “proporcionales”. Es decir, el número de secuestros de viajeros de negocios y expatriados se habría multiplicado en un 3,5 entre 1997 y 2007, y se constató un aumento neto de capturas de rehenes a cambio de rescates. El ejemplo más sorprendente es el del secuestro de los chinos en el continente africano. A finales de 2011, se contaban más de 812 000 chinos que partieron a trabajar por el mundo, la mayoría de ellos invertían en África, y sobre todo en países de riesgo, atraídos por las riquezas naturales y las infraestructuras por construir. En el mismo año, 1 millón de chinos perdieron la vida en el continente africano, principalmente en fusilamientos, secuestros y asesinatos. Así que, del mismo modo en que los expatriados corren riesgos al desplazarse a zonas internacionales inestables y de conflictos armados, son cada vez más los trabajadores humanitarios desplazados a los centros de las crisis, lo que aumenta de manera considerable su exposición a la violencia. De igual manera, antes de tener un estatus de trabajador humanitario, tienen ante todo el estatus de extranjero

En segundo lugar, es necesario mencionar que los trabajadores humanitarios nacionales son un blanco desde el momento en que pertenecen a una comunidad étnica o religiosa y no por su relación con su estatus humanitario. En general las tendencias del reclutamiento de personal humanitario destacan las siguientes proporciones: 90% del personal humanitario es nacional y el 10% son expatriados. El uso de esta estrategia de reclutamiento local, llamada “control remoto”, se explica por el buen conocimiento del terreno, de los códigos culturales y de la lengua local de los empleados nacionales que permiten un contacto más fácil con los beneficiarios, autoridades y entidades locales (jefes del pueblo, jefes religiosos, grupos armados, etc.). Los nacionales representan la mayor parte de las personas desplegadas en el territorio y por tanto, se encuentran “en primera línea” de exposición a los daños en las zonas de riesgo. De manera que según las cifras del Aid Worker Security Report 2020 son los más afectados por los ataques: de las 483 víctimas de violencia en 2019, 94% del personal afectado era nacional (456), contra el 6% del personal internacional expatriado (27).

Ciertos acontecimientos dramáticos pusieron de manifiesto violencia y asesinatos ligados probablemente al origen comunitario, religioso o étnico de los trabajadores humanitarios nacionales. Uno de los ejemplos más significativos se relaciona con el asesinato de 17 trabajadores nacionales de la ONG ACF en Sri Lanka en 2006. El 6 de agosto de 2006, 13 hombres y 4 mujeres pertenecientes a la etnia Tamoul fueron asesinados con un balazo en la cabeza frente a sus oficinas en Muttur, región al noroeste de Sri Lanka. Hasta ahora se trata de uno de los ataques más letales contra una ONG que ACF calificó como “crimen de guerra”. Las investigaciones que se llevaron a cabo y se relataron en el documento Muttur: crimen contra lo humanitario son testigo de las tibias acciones de la justicia esrilanquesa al llevar una investigación oficial y de las fuertes sospechas que rondan sobre el ejército esrilanqués que había invadido la población de Mutur cuando asesinaron a los 17 empleados de ACF. El conflicto en Sri Lanka que ha perdurado desde hace años enfrenta al gobierno y a las fuerzas armadas cingalesas frente a los tamil. Los 17 trabajadores humanitarios eran tamil, de manera que, ¿las fuerzas armadas gubernamentales cingalesas los asesinaron por su etnia, porque ayudaban sin distinción a todos los cingaleses en lo que necesitaran y eso era mal visto? ¿Se trataba de una «limpieza étnica»? El presidente de honor de ACF, Jean-Cristophe Rufin, había declarado en ese momento que el ataque se enfocaba al estatus de trabajador humanitario tomando como factor “agravante” la etnicidad : “Es un acto deliberado contra trabajadores humanitarios identificados, una inversión de valores, ya que los valores étnicos y políticos han primado sobre los valores humanitarios que defendían nuestros compañeros”. Actualmente, alrededor de este caso persisten zonas obscuras y ACF continúa reclamando verdad y justicia. Los asesinatos y la masacre de trabajadores humanitarios provocados por rivalidades étnicas y religiosas y normas de orden de cuenta local desafortunadamente son numerosos y constituyen un problema real de seguridad al interior de las ONG francesas y obligan a una redefinición de su estrategia de reclutamiento del personal nacional en ciertas zonas de riesgo que puedan exponerlos a verdaderos riesgos.

En tercer lugar, los trabajadores humanitarios y los civiles pueden ser víctimas colaterales de ciertos conflictos con un trasfondo político-militar. No es raro que los trabajadores humanitarios que han optado por estar lo más cerca posible de los beneficiarios cuando despliegan sus proyectos sean víctimas colaterales de los combates y ataques realizados entre varios beligerantes, fuerzas de oposición, grupos armados, etc. Como ejemplo podemos tomar el bombardeo aéreo del centro de cuidados de MSF en Kunduz, en Afganistán en 2015. En total: 30 muertos de los cuales 13 eran empleados de MSF. En un comunicado de prensa del 3 de octubre de 2015 se explica que toda la información y testimonios permiten pensar que las fuerzas estadounidenses habrían bombardeado el hospital. Éstos últimos habrían justificado su golpe aéreo diciendo que existía una amenaza talibana al interior del hospital MSF. Resulta que efectivamente había soldados talibanes en recuperación. MSF respondió con el principio de neutralidad y de no distinción de los beneficiarios en el establecimiento de sus proyectos de asistencia médica y mencionó que ninguno de ellos se encontraba armado. Se trata de un ataque que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cuyas víctimas colaterales del conflicto oponen a Estados Unidos, autoridades afganas y talibanes. MSF redactó un reporte interno para explicar el desarrollo de los hechos al interior del hospital y analizar los elementos comunicados por Estados Unidos, las autoridades afganas y talibanas para justificar tales golpes.

Desafortunadamente existen muchos ejemplos que involucran civiles y personal humanitario víctimas de ataques y conflictos armados, como los bombardeos a un hospital en Yemen que dejó 19 muertos y 24 heridos el 15 de agosto de 2016. Bombardeo que Arabia Saudita realizó contra los rebeldes huzíes y que MSF respaldó; o bien, el ataque de misiles al hospital Al-Shifaa en la ciudad de Afrin en Syria el 12 de junio de 2021 que dejó 14 muertos, entre los cuales 4 eran trabajadores humanitarios y 27 heridos. Todos esos ataques constituyen una violación del DIH que prohíbe a los beligerantes de un conflicto atacar estructuras públicas y de asistencia hospitalaria, de los civiles, personal humanitario, y enemigos combatientes hospitalizados y sin posibilidades de combatir. Hay que reconocer que todos estos ataques y bombardeos se han producido en países que sufren los conflictos armados más violentos y prolongados de nuestro decenio (Afganistán, Siria, Yemen), donde los trabajadores humanitarios están cada vez más desplegados y, por lo tanto, en riesgo de quedar atrapados entre los combates

Finalmente, hay que tomar en cuenta el factor de «mala suerte» que es testigo de violencia contra los trabajadores humanitarios, que a veces no podemos explicar y que son el resultado del azar desafortunado. El caso del asesinato en Níger de 7 empleados de la ONG ACTED y de su guía local, el 9 de agosto de 2020, se mediatizó gradualmente; las razones de esa masacre son por el momento desconocidas e inexplicables y los autores tampoco se han identificado.

Ese día, luego de recibir la autorización de las oficinas centrales de ACTED, 7 empleados decidieron irse de excursión con su guía a la reserva de jirafas protegidas en Kouré a 100 km de la capital de Niamey. En es momento la región a donde iban estaba en color amarillo que significa “vigilancia reforzada” en el mapa del sitio web del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y no se mencionaba ningún riesgo en particular. Los 7 empleados fueron atacados por hombres armados que viajaban en motocileta cuando se dirigían a la reserva e incendiaron su vehículo. Los ataques habrían sido dirigidos por una unidad “terrorista”. Varios especialistas y expertos en cuestiones humanitarias explicaron que probablemente los empleados de ACTED habían estado ahí en un mal momento y que era un factor de mala suerte. Además, los secuestros y ataques se multiplicaron esos últimos años en la zona del Sahe y afectan principalmente a los extranjeros y franceses (turistas, trabajadores humanitarios, periodistas). Las razones son numerosas: aumento de grupos armados con diversas reivindicaciones, secuestro cuyo móvil es cobrar un rescate, consecuencias de la operación Bakhane, etc. Los trabajadores humanitarios pueden ser por tanto, víctimas de ataques que no se dirigen directamente contra ellos por su estatus en el trabajo, sino por mala suerte, un factor inherente a todo ser humano.

Es por ello que debe tenerse en cuenta la teoría de que factores externos a la asistencia humanitaria pueden conducir a la violencia contra los trabajadores humanitarios, independientemente de su condición.

En conclusión, es difícil determinar si existe un verdadero aumento o una disminución de la violencia contra los trabajadores humanitarios, pero podemos afirmar que los ataques más difusos (más allá de las fronteras), más largos (Siria, Yemen) y que hay más grupos armados y grupos terroristas que operan en zonas de conflicto armado, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores humanitarios. La asociación de las ONG como entidades político-militares sobre el terreno contribuye a la erosión de los principios de neutralidad e independencia y puede conducir a una restricción del espacio humanitario. Además, se corre el riesgo de criminalizar a estas ONG porque negocian con grupos que se consideran como terroristas. La politización de la ayuda, la confusión de las funciones sobre el terreno y la combinación de estrategias políticas, intereses económicos y fuerzas armadas son factores que pueden influir en la percepción del estatus del trabajador humanitario, de las autoridades locales (legales o no), de los grupos armados y de los beneficiarios. Sin embargo, también existe violencia derivada de factores externos a la acción humanitaria como el aumento en general en el mundo de la violencia (y de los secuestros y de los Kidnap and Ransom) contra los extranjeros y expatriados, la violencia étnica y religiosa contra el personal nacional, las víctimas colaterales de los conflictos y el factor de “mala suerte” inherente a todo ser humano.

COLLOQUE Mexique
La violencia en la época actual
La violencia contra las ONG y los trabajadores humanitarios

Les acteurs humanitaires travaillent depuis toujours dans des contextes complexes et instables, et étaient principalement déployés dans les camps de réfugiés dans les années 1980 (pour venir en aide aux réfugiés mozambicains au Malawi par exemple). Jusque dans les années 1990, ils travaillaient à la périphérie des conflits et restaient « en marge » des zones d’extrême violence où avaient lieu les affrontements. Cependant, depuis la fin de la Guerre Froide, les opérations de secours sont menées au cœur même des zones de guerre, du fait de l’extension des conflits, de l’implication de nouveaux acteurs (belligérants, groupes armés, forces étrangères, opérations de maintien de la paix, etc.) et de l’augmentation des besoins des plus vulnérables. Ainsi, les humanitaires sont déployés au cœur des conflits dans le but d’être au plus près des bénéficiaires, et sont donc plus exposés aux risques. En outre, il y aurait une augmentation des attaques et enlèvements à l’encontre des personnels humanitaires et un climat d’insécurité croissante depuis les années 1990.

Les médias et articles relayant les faits de violences commises contre les travailleurs humanitaires suggèrent très souvent que celles-ci sont en augmentation constante depuis une vingtaine d’années et qu’elles les ciblent délibérément du fait de leur statut. Cette tendance ressort également des statistiques et bases de données, telles que l’Aid Worker Security Database (AWSD)1, recensant les incidents majeurs (kidnapping, violences sexuelles, meurtre, etc.) et attaques contre des travailleurs humanitaires nationaux et expatriés, d’ONG nationales et internationales, et d’autres organisations telles que le CICR ou le personnel des Nations Unies, dans plusieurs régions du monde ; ou encore celle de l’International NGO Safety Organisation (INSO)2.

Les sources mettent en évidence 3 types de violences commises contre les personnels humanitaires : criminelles, politiques et terroristes. Les violences criminelles constituent des actes de banditisme, pour des motifs dits « crapuleux », orchestrés par des groupes criminels pour des demandes de rançons, avec lesquels il peut être difficile de communiquer et négocier. Les violences politiques peuvent venir de GANE opposés à un État du fait de leur idéologie politique ou religieuse, ou des forces armées d’un État. Enfin, les violences terroristes sont commises par des

1 AWSD est un projet créé par Humanitarian Outcomes en 2005 afin de recenser les incidents majeurs et attaques contre les humanitaires de 1997 à aujourd’hui. Site internet : https://aidworkersecurity.org/
2 Site internet de l’INSO : https://www.ngosafety.org/

groupes armés revendiquant leur doctrine par des actes terroristes, tels que l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) qui kidnappe et met en scène des décapitations d’otages dans des vidéos afin d’intimider leurs opposants.

Il convient de préciser que la première cause d’insécurité, et où les humanitaires sont les plus vulnérables, reste les déplacements en voiture car il y aurait une présence accrue de groupes armés et criminels aux checkpoints, roulant à moto et armés, et qui bloqueraient les routes. La présence de mines et d’engins explosifs improvisés (IED) renforce également l’exposition au danger.

Une question se pose concernant les violences commises contre les humanitaires : sont-elles visées et intentionnelles ou collatérales ? Des causes et enjeux peuvent témoigner d’une violence visée contre la représentation faite autour du statut de travailleur humanitaire.

Premièrement, il y aurait une politisation de l’aide et de l’espace humanitaire ainsi qu’une confusion des différentes parties prenantes sur le terrain. La « politisation » de l’humanitaire est définie par Benoît Coutu3 comme étant « l’arrimage de l’action humanitaire à des décisions ou des actions étatiques de différentes natures. Plus largement, la politisation de l’humanitaire est synonyme de la reconnaissance de cet acteur non étatique en tant que médiation structurelle, de son institutionnalisation et de son intégration […] ». Cette définition sous-entend donc que paradoxalement, les salariés des ONG effectuent un travail qui complèterait celui de l’État et qui viendrait s’inscrire dans une continuité logique de déploiement de l’aide étatique. La politisation de l’humanitaire signifierait donc une assimilation et une intégration des acteurs humanitaires aux décisions et actions étatiques, remettant en question les principes de neutralité et d’indépendance prônés dès la création des ONG issues du mouvement sans-frontiériste français à la fin des années 1970. Les années 1990 et la chute de l’URSS sont marquées par une escalade des violences menant à des crises de grande ampleur et à l’émergence de politiques interventionnistes occidentales. Les États occidentaux, tels que la France, le Royaume-Uni et les États- Unis, ainsi que les Nations Unies, sont intervenus dans les pays en crise et ont apporté une réponse politique qui « a cherché à lier réponses militaires et instruments non militaires comme le commerce, l’aide au développement et la diplomatie, particulièrement vis-à-vis des pays en développement4». Les missions humanitaires étaient utilisées, à cette période, à des fins de réduction, voire de légitimation, des effets des ingérences politico-militaires de leurs interventions.

L’exemple de la guerre d’Irak (2003) illustre bien cette idée selon laquelle la confusion des rôles des différents acteurs déployés a entraîné une perception d’interdépendance des secteurs politico-militaire et humanitaire, et donc des possibles violences à l’égard des acteurs humanitaires. Lors de l’occupation américaine en Irak,

3 Benoît Coutu, « De la dépolitisation humanitaire »,

4 Marie-Laure Le Coconnier, Bruno Pommier, « II. Approche globale de sécurité développée par les États occidentaux », in L’action humanitaire, Que sais-je ? Paris, 2009, p. 11-13

Aspects sociologiques, vol. 14, no 1, avril 2007, disponible

sur https://www.aspects-sociologiques.soc.ulaval.ca/sites/aspects-

sociologiques.soc.ulaval.ca/files/uploads/pdf/Volume_14/5_coutu2007_0.pdf

la coalition menée par les États-Unis a mené des actions à la fois militaires et humanitaires sur le territoire, et Colin Powell, alors secrétaire d’État américain à ce moment-là, avait qualifié les ONG américaines « d’agents de la politique étrangère américaine », fragmentant ainsi le principe de neutralité qui caractérise une grande partie des ONG. De plus, des opérations de maintien de la paix menées par l’ONU et l’OTAN, en Irak toujours, furent également assimilées à l’aide humanitaire reçue en raison des fonds octroyés au même moment par l’ONU pour des projets humanitaires. Ces ambiguïtés lourdes de conséquences seraient-elles alors à l’origine du dramatique attentat ayant eu lieu le 19 août 2003 à Bagdad, faisant 27 morts et 426 personnes blessées du personnel de l’ONU, de l’attentat perpétré contre le CICR à Bagdad le 27 octobre 2003 ou bien encore de l’assassinat d’un employé du CICR le 22 juillet 2003 ?

Il convient également de préciser que les risques et dangers de la politisation de l’aide humanitaire se reflètent à travers les enlèvements et décapitations opérés par l’EIIL en Syrie entre 2013 et 2014, contre plusieurs journalistes et acteurs humanitaires, dont David Haines, salarié britannique de l’ONG ACTED, et Alan Henning, salarié d’une ONG musulmane parti en Syrie aider les réfugiés. Ces décapitations furent justifiées par l’EIIL en « représailles » à l’intervention militaire de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Par conséquent, les personnes venant d’Occident dans ces zones de guerre sont grandement exposées à des risques d’enlèvement et de meurtre par des groupes armés et anti-occidental qui souhaitent intimider et menacer les gouvernements impliqués dans la coalition internationale, dont la France. Les travailleurs humanitaires étant déployés au cœur-même des conflits et dans les zones occupées par ces groupes sont donc particulièrement vulnérables et peuvent être ciblés.

Le deuxième facteur pouvant influer sur la sécurité des humanitaires est la démultiplication des acteurs. Leur présence sur les terrains humanitaires s’est accrue depuis 20 ans avec l’émergence de nouveaux protagonistes tels que des opérateurs privés, des sociétés militaires privées (SMP), des gestionnaires de la sécurité indépendants, des civilo-militaires, etc. Cet accroissement des acteurs entraîne donc des difficultés de différenciation pour les populations locales qui ne sait plus à quels interlocuteurs s’adresser ni à quelles personnes faire confiance, ce qui favorise un climat de méfiance et parfois même un rejet de l’aide et des violences.

La politisation de l’aide, la démultiplication des acteurs et la confusion des rôles de chacun sur le terrain semblent donc entraîner des problèmes de neutralité et d’indépendance pour les ONG et acteurs humanitaires qui peuvent alors être assimilées, à tort, à des gouvernements occidentaux et leurs politiques controversées ou forces armées « ennemies » de certains Groupes armés non étatiques (GANE) et organisations terroristes, aux valeurs anti-démocratiques et anti-occidentales, tels que l’EIIL ou Boko Haram. Les travailleurs humanitaires travaillant dans des zones de conflits armés, et/ou contrôlées par des groupes armées ou terroristes, pourraient donc représenter une cible de ces groupes qui, en exerçant des violences contre eux, auraient le sentiment de combattre les États occidentaux. Il s’agit là d’une piste appuyée par la Directrice juridique internationale de Médecins sans frontières (MSF), François Bouchet-Saulnier, qui a déclaré à ce propos : « Contrairement à certains

discours simplificateurs, MSF considère que les attaques sur les humanitaires ne sont pas liées à l’absence de sanction mais à une réelle perte de légitimité et de neutralité des acteurs humanitaires dans les conflits armés impliquant des groupes armés non étatiques considérés comme criminels ou terroristes […] les acteurs non étatiques perçoivent les acteurs de secours comme le bras armé des États bien éloigné de l’image de l’acteur humanitaire, neutre et impartial5».

Troisièmement, il existe depuis quelques années un processus de « criminalisation » des ONG dû à la négociation avec des groupes armés et/ou terroristes qui pourrait représenter une mise en danger des travailleurs humanitaires. Entre 2009 et 2011, les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont élaboré des lois anti-terroristes visant à criminaliser toute personne ou groupe qui dialogue et négocie avec des groupes considérés comme terroristes par ces États, par exemple avec les talibans en Afghanistan ou encore le groupe al- Shebab en Somalie. L’action humanitaire ne fut pas exemptée des sanctions en cas de non-respect de ces lois anti-terroristes et toute ONG intervenant dans des zones étant sous autorité de ces groupes se verrait passible de poursuites et de condamnations. Par exemple, certaines ONG sont en contact avec le Hamas dans la bande de Gaza ou avec les talibans en Afghanistan et risquent donc une accusation de complicité pour terrorisme. Cette assimilation représente un risque élevé voire un danger pour les humanitaires puisqu’on leur confère une « étiquette » de soutien au terrorisme. Pourtant, les ONG sont parfois dans l’obligation de dialoguer et négocier avec des groupes armés et/ou terroristes afin d’accéder à des zones qu’ils contrôlent et venir en aide à des communautés dans le besoin. Cela ne s’apparente donc pas à du soutien ou financement des groupes terroristes mais bien à l’essence même de l’humanitaire qui consiste à aider toute population fragilisée par un conflit et à appliquer les principes d’humanité, de neutralité (ne pas prendre parti), d’impartialité (intervention basée sur le besoin et pas l’intérêt) et d’indépendance (ne dépend d’aucune entité politique ou religieuse). Le dialogue et la négociation sont possibles avec certains groupes, tels que les groupes politiques, certaines branches d’Al Qaeda et les talibans. À ce jour, aucune ONG ne peut coopérer avec Daech.

Le quatrième et dernier enjeu pouvant expliquer un certain caractère ciblé des violences commises envers les travailleurs humanitaires ne constitue pas une généralité et n’est pas avéré dans tous les contextes au sein desquels les humanitaires sont amenés à intervenir. Il s’agit du refus de certains projets humanitaires mis en place par des ONG et dont les principes sont perçus comme contraires à certains codes sociaux, ethniques ou religieux propres à des communautés. Des projets pouvant être considérés comme « borderline » par des populations locales et des GANE, ce qui pourrait accroitre le risque d’attaques ciblées. Cette réflexion peut notamment faire penser aux projets d’éducation sexuelle, sur la grossesse, les moyens de contraception, etc., mis en place pour des femmes vivant dans des sociétés encore très patriarchales, où la place de la femme est peu reconnue et valorisée. Dans certains pays, ces sujets demeurent tabous, interdits et sont parfois même vecteurs

5 Françoise Bouchet-Saulnier, « Comment protéger les acteurs humanitaires dans le contexte des conflits armés anti-terroristes : relégitimer ou sanctionner ? », Défis humanitaires, 27 novembre 2020, disponible sur : https://defishumanitaires.com/2020/11/27/lois-anti-terroristes-humanitaire/

de violences envers les femmes. Suivant cette logique, des travailleurs humanitaires qui coordonneraient ce type de projets pourraient représentent une cible pour des mouvements et groupes réfractaires, qui considéreraient que les humanitaires tenteraient d’imposer leurs propres principes et codes venus d’occident, et donc contraires et incompatibles avec leurs idéologies. Afin d’étayer cette piste, prenons l’exemple marquant de l’expulsion d’une trentaine d’ONG en Afghanistan en juillet 1998. Alors que des ONG ont dénoncé la discrimination sexuelle, et notamment l’interdiction pour les femmes afghanes d’étudier et de travailler par les talibans, ces derniers leur ont imposé de déménager leurs bureaux et de s’installer à l’École polytechnique de Kaboul, un local sans eau ni électricité, éloigné des populations à qui elles venaient alors en aide. Ce ne sont pas tant les conditions de vie du local mais la distance avec les bénéficiaires dans le besoin et la diminution de leur liberté d’action qui poussa les ONG à refuser ce déménagement imposé par les talibans. La conséquence fut sans appel : les ONG, dont Action contre la faim et Solidarités International, furent expulsées, la plupart par les talibans et sans violence6. Cet exemple démontre bien la réticence et le refus de certains groupes à accepter que des ONG dénoncent des injustices (selon elles) ou mènent des projets contraires à leurs idéologies et principes.

Les enjeux liés à une politisation de l’aide et de l’espace humanitaire, à une certaine perte de neutralité et d’indépendance, à une démultiplication des acteurs et confusion des rôles, à un certain rejet du modèle occidental et à des projets dont les principes peuvent être perçus comme contraires aux codes de conduite de certaines sociétés ou groupes armés, pourraient donc entraîner des conséquences dramatiques sur les travailleurs humanitaires et conduire à des violences ciblées. Ainsi, ce n’est pas tant le statut de travailleur humanitaire qui est délibérément visé en tant que tel, mais plutôt la représentation qui est faite autour de ce statut et tout ce qu’elle implique sur les divers terrains d’intervention. Cette représentation étant fortement influencée et conditionnée par les enjeux listés ci-dessus, la sécurité des travailleurs humanitaires n’en est que plus fragilisée, principalement dans les zones de conflits armés mêlant rivalités politiques et ethniques, intérêts économiques (convoitise des ressources naturelles), présence de GANE et organisations terroristes, et terrains de conflictualités entre grandes puissances.

Il convient cependant de nuancer ce propos et de prendre en compte d’autres facteurs extrinsèques à l’humanitaire pouvant expliquer des cas de violences à l’égard des ONG.

Premièrement, au-delà des violences commises contre les humanitaires, force est de constater qu’il y a une augmentation de la violence en général dans le monde, envers les étrangers et expatriés, occidentaux ou non, quel que soit leur statut ou leur motif d’intervention dans certaines zones. En effet, la fin de la Guerre froide a provoqué un changement profond des contextes géopolitiques, dû à la fin de

6 Elodie Portier, « Afghanistan. Les talibans expulsent de Kaboul les associations humanitaires. Soixante pour cent de la population de la capitale afghane, qui ne survit que grâce à l’aide humanitaire, est menacée par les mesures d’expulsion des organisations internationales ? », La Croix, 22 juillet 1998, disponible sur : https://www.la-croix.com/Archives/1998-07-22/Afghanistan-_NP_-1998-07-22-432742

la vision bilatérale du monde (rivalité États-Unis et URSS) et à l’émergence de nouvelles dynamiques et revendications nationalistes, conduisant à une augmentation des crises, terrains de conflits et menaces. Tel que mentionné ci-haut, la violence n’en serait que plus diffuse, par-delà les frontières, et durable. Du fait de la mondialisation et de l’augmentation des échanges commerciaux entre nations et des firmes internationales, les Hommes se déplacent et sont de plus en plus nombreux à partir travailler à l’étranger. Ainsi, avec l’accroissement des conflits et menaces, et l’exposition au danger des expatriés dans des zones ciblées, les violences exercées et les enlèvements n’en sont logiquement que plus « proportionnels ». En outre, le nombre d’enlèvements de voyageurs d’affaires et expatriés aurait été multiplié par 3,5 entre 1997 et 2007, et une nette augmentation des prises d’otages en échange de rançons fut constatée. L’exemple le plus frappant est celui du kidnapping des Chinois sur le continent africain. Fin 2011, on comptait plus de 812 000 Chinois partis travailler dans le monde, dont la majorité d’entre eux investissaient en Afrique, et notamment dans les pays à risques, attirés par les ressources naturelles et les infrastructures à y construire. Toujours la même année, 1 millier de Chinois ont perdu la vie sur le continent africain, principalement dans le cadre de fusillades, enlèvements et meurtres. Ainsi, de même que les expatriés prennent davantage de risques lors de leurs déplacements à l’international dans des zones instables et/ou de conflits armés, les travailleurs humanitaires sont de plus en plus nombreux à être déployés en plein cœur des crises, ce qui augmente considérablement leur exposition aux violences. Aussi, avant d’avoir le statut de travailleur humanitaire, ils ont avant tout le statut d’étranger.

Deuxièmement, il est nécessaire de mentionner que des travailleurs humanitaires nationaux sont ciblés du fait de leur appartenance communautaire, ethnique ou religieuse et non pas par rapport à leur statut d’humanitaire. Les tendances générales sur les recrutements de personnels humanitaires mettent en exergue les ratios suivants : 90% du staff humanitaire est national et 10% sont des expatriés. L’utilisation de cette stratégie de recrutement local, appelée « Remote control », s’explique par la bonne connaissance du terrain, des codes culturels et de la langue locale des salariés nationaux qui permettent une prise de contact plus facile avec les bénéficiaires, autorités et entités locales (chef de village, chef religieux, groupes armés, etc.). Les nationaux représentent la majorité des personnes déployées sur le terrain et sont donc en « première ligne » de l’exposition aux dangers dans les zones à risques. Ils sont, par conséquent, davantage touchés par les attaques, en témoignent les chiffres du Aid Worker Security Report 20207 : sur les 483 victimes de violences en 2019, 94% du personnel touché était national (456), contre 6% de personnel international expatrié (27). Des évènements dramatiques ont témoigné de violences et d’assassinats probablement liés à l’appartenance communautaire, religieuse ou ethnique de travailleurs humanitaires nationaux. Un des exemples les plus significatifs concerne la tuerie de 17 travailleurs nationaux de l’ONG ACF au Sri Lanka en 2006. Le 6 août 2006, 13 hommes et 4 femmes appartenant à l’ethnie Tamoul sont retrouvés assassinés d’une balle dans la tête devant leurs locaux à

7 Meriah-Jo Breckenridge, Monica Czwarno, Paul Harvey, Abby Stoddard, “Aid Worker Security Report 2020”, Humanitarian Outcomes, 2020, disponible sur : https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2020_0_0.pdf

Muttur, région au Nord-Est du Sri Lanka. Il s’agit à ce jour de l’une des attaques les plus meurtrières à l’encontre d’une ONG, que ACF a qualifié de « crime de guerre »8. Les investigations menées et relatées dans le documentaire « Muttur : crime contre l’humanitaire9 » témoignent des faibles actions entreprises par la justice sri-lankaise afin de mener une enquête officielle, et de lourds soupçons planent sur l’armée sri- lankaise qui avait envahi le village de Muttur au moment de l’assassinat des 17 salariés d’ACF. Le conflit au Sri Lanka qui perdure depuis des années oppose le gouvernement et forcées armées Cinghalais aux Tamoul. Les 17 travailleurs humanitaires étaient Tamoul, ainsi, ont-ils été tués à cause leur appartenance ethnique par les forces armées gouvernementales Cinghalaises ? Parce qu’ils aidaient sans distinction tous les sri-lankais dans le besoin et que leur aide était mal perçue ? S’agissait-il d’un « nettoyage ethnique » ? Le président d’honneur d’ACF, Jean-Christophe Rufin, avait alors déclaré que cette attaque était ciblée et dirigée contre le statut de travailleur humanitaire tout en citant le facteur « aggravant » de l’ethnicité : « C’est un acte délibéré contre des humanitaires identifiés comme tels, une inversion des valeurs, car les valeurs ethniques et politiques ont primé sur les valeurs humanitaires que défendaient nos compagnons ». À ce jour, des zones d’ombre persistent autour de cette affaire et ACF continue de réclamer vérité et justice.

Les tueries et massacres de travailleurs humanitaires ayant été provoqués par des rivalités ethniques et/ou religieuses et règlements de compte locaux sont malheureusement nombreux et constituent un réel problème de sécurité au sein des ONG françaises quant à une redéfinition de leur stratégie de recrutement du personnel national dans certaines zones à risques pouvant les exposer à des dangers certains.

Troisièmement, les travailleurs humanitaires et les civils peuvent être des victimes collatérales de certains conflits sur fond de tensions politico-militaires. Les travailleurs humanitaires ayant fait le choix d’être au plus près des bénéficiaires lors de leur déploiement de projets, il n’est pas rare qu’ils soient alors victimes collatérales des combats et attaques menées entre plusieurs belligérants, forces d’opposition, groupes armés, etc. Nous pouvons prendre en exemple le bombardement aérien du centre de soin de MSF à Kunduz, en Afghanistan, en 2015. Au total : 30 morts dont 13 employés de MSF. Dans un communiqué de presse sorti le 3 octobre 201510, l’ONG explique que toutes les informations et témoignages laissent penser que ce sont les forces américaines qui auraient bombardé l’hôpital. Ces derniers ont justifié leurs frappes aériennes en mentionnant une menace talibane au sein de l’hôpital MSF. Il s’avère que des soldats talibans y étaient effectivement

8 Hélène Despic-Popovic, Alice Dore, « C’est un acte délibéré contre des humanitaires identifiés », Libération, 10 août 2006, disponible sur : https://www.liberation.fr/planete/2006/08/10/c-est-un-acte-delibere-contre-des- humanitaires-identifies_48210/
9 Anne Poiret, Gwen Le Gouil, Fabrice Launay, Muttur : crime contre l’humanitaire, Maximal Productions, 2007, Reportage, 51 min, Collection GRANDS REPORTERS, disponible sur : https://www.dailymotion.com/video/xv1tni#:~:text=Le%204%20ao%C3%BBt%202006%2C%2017,non%20gouver nementale%20%C3%A0%20ce%20jour

10 « Frappes aériennes meurtrières sur l’hôpital MSF à Kunduz, en Afghanistan : MSF demande une enquête indépendante », Médecins sans frontières, 3 octobre 2015, disponible sur : https://www.msf.fr/communiques- presse/frappes-aeriennes-meurtrieres-sur-l-hopital-msf-a-kunduz-en-afghanistan-msf-demande-une-enquete- independante

soignés11, MSF répondant au principe de neutralité et de non-distinction des bénéficiaires dans la mise en place de ses projets d’aide médicale, et qu’aucun d’entre eux n’était armé. Il s’agit donc d’une attaque violant le Droit international humanitaire (DIH) et dont les victimes, civils et personnels médicaux, ont été des victimes collatérales du conflit opposant États-Unis, autorités afghanes et talibans. Un rapport interne12 fut rédigé par MSF afin d’expliquer le déroulement des événements au sein de l’hôpital et d’analyser les éléments communiqués par les États-Unis, les autorités afghanes et les talibans afin de justifier ces frappes.

Il existe malheureusement de nombreux exemples impliquant des civils et personnels humanitaires victimes d’attaques et pris à parti dans des conflits, tels que le bombardement d’un hôpital soutenu par MSF au Yémen ayant fait 19 morts et 24 blessés le 15 août 2016, mené par l’Arabie Saoudite contre les rebelles houthistes13, ou encore l’attaque aux missiles de l’hôpital Al-Shifaa dans la ville d’Afrin en Syrie, le 12 juin 2021, ayant fait 14 morts, dont 4 humanitaires, et 27 blessés14. Toutes ces attaques constituent une violation du DIH interdisant aux belligérants d’un conflit d’attaquer des structures publiques et de soins, des civils, personnels humanitaires, et combattants ennemis soignés et n’étant plus en mesure de se battre. Force est de constater que ces attaques et bombardements ont tous eu lieu dans des pays en proie aux conflits armés les plus violents et longs de notre décennie (Afghanistan, Syrie, Yémen), là où les travailleurs humanitaires sont de plus en plus déployés et sont donc plus exposés aux risques de se retrouver pris entre des combats.

Enfin, il faut également prendre en compte le facteur de « malchance » qui témoigne d’une violence contre les humanitaires, qu’on ne peut parfois pas expliquer et qui résulte d’un hasard malheureux. Le cas de la tuerie au Niger de 7 salariés de l’ONG ACTED, et de leur guide local, le 9 août 2020 a été grandement médiatisé et les raisons de ce massacre restent pour l’instant inconnues et inexpliquées, de même que les auteurs non identifiés. Ce jour-là, après avoir reçu l’autorisation du siège social d’ACTED, 7 employés décident de partir en excursion avec leur guide, dans la réserve de girafes protégée de Kouré, à 100 km de la capitale Niamey. À ce moment-là, la région dans laquelle ils se rendaient était de couleur jaune, dite « vigilance renforcée », sur la carte du site du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et aucun risque particulier n’était mentionné. Ils ont été attaqués par des hommes armés à moto alors qu’ils roulaient vers la réserve, et leur véhicule fut incendié. L’attaque aurait été menée par une « unité de terroristes »15. Plusieurs spécialistes et experts des questions humanitaires ont expliqué que les salariés

11 Lucie Soullier, « L’hôpital de Kunduz a été ciblé « dans le but de tuer et de détruire », selon le rapport de
MSF », Le Monde, 6 novembre 2015, disponible sur : https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/11/06/l- hopital-de-kunduz-a-ete-cible-dans-le-but-de-tuer-et-de-detruire-selon-le-rapport-de-msf_4804698_3216.html
12 “Initial MSF internal review : Attack on Kunduz Trauma Centre, Afghanistan”, Médecins sans frontières, novembre 2015, disponible sur : https://www.msf.fr/sites/default/files/review_final_041115_for_public_release.pdf 13 « Yémen : 19 morts et au moins 24 blessés dans le bombardement d’un hôpital soutenu par MSF à Abs », Médecins sans frontières, 15 août 2016, disponible sur : https://www.msf.fr/actualites/yemen-19-morts-et-au- moins-24-blesses-dans-le-bombardement-d-un-hopital-soutenu-par-msf-a-abs
14 « Syrie : Afrin et l’hôpital d’Al-Shifaa bombardés », Médecins du monde, 12 juin 2021, disponible sur : https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/moyen-orient/2021/06/15/syrie-afrin-hopital-al-shifaa- bombardements-attaques
15 Jean-Philippe Rémy, « Niger : ce que l’on sait de l’assassinat du groupe d’humanitaires dans la réserve de Kouré », Le Monde, 10 août 2020, disponible sur : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/10/assassinat- d-un-groupe-d-humanitaires-dans-une-reserve-au-niger_6048570_3212.html

d’ACTED avaient probablement été là au mauvais moment et que c’était un facteur de malchance. De plus, les enlèvements et attaques se sont multipliées ces dernières années dans la zone du Sahel, et touchent principalement les étrangers et les Français16 (touristes, humanitaires, journalistes). Les raisons en sont nombreuses : augmentation des groupes armés aux revendications diverses, kidnapping motivé par une demande de rançon, conséquence de l’opération Barkhane, etc. Les travailleurs humanitaires peuvent donc être victimes d’attaques ne les visant pas directement à cause de leur statut ou travail, mais par malchance, un facteur inhérent à tout être humain.

Il convient donc de prendre en compte la théorie selon laquelle des facteurs extrinsèques à l’humanitaire peuvent conduire à des violences commises contre les travailleurs humanitaires, indépendamment de leur statut.

En conclusion, il est difficile de déterminer s’il y a une réelle augmentation ou une baisse des violences contre les humanitaires mais nous pouvons affirmer qu’elles sont plus diffuses (au-delà des frontières), plus longues (Syrie, Yémen), et qu’il y a davantage de groupes armés et groupes terroristes opérant dans des zones de conflits armés ce qui accroit l’exposition au danger des travailleurs humanitaires. Une assimilation des ONG à des entités politico-militaires sur le terrain contribue à l’érosion des principes de neutralité et d’indépendance, et peut conduire à une restriction de l’espace humanitaire, doublée d’un risque de criminalisation de ces ONG car négociant avec des groupes considérés comme terroristes. La politisation de l’aide, la confusion des rôles sur le terrain mêlant stratégies politiques, intérêts économiques et forces armées sont des facteurs pouvant influencer la perception du statut de travailleur humanitaire par différentes parties prenantes telles que les autorités locales (légales ou non), les groupes armés et les bénéficiaires. Cependant, il existe également des violences issues de facteurs extrinsèques à l’humanitaire tels que l’augmentation de la violence (et des enlèvements et des « Kidnap and Ransom ») contre les étrangers et expatriés en général dans le monde ; les violences ethniques et religieuses dirigées contre les personnels nationaux ; les humanitaires victimes collatérales des conflits et le facteur de « malchance » inhérent à tout être humain.

16 « Sécurité au Sahel », site du MEAE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations- pratiques/article/securite-au-sahel-27-04-2021